EL AGUA
ESCASEZ DE AGUA EN COLOMBIA
¿Por qué hay escasez de agua en Colombia?
“Han sido meses muy difíciles y lo peor está por venir“. Así podría describirse el impacto del Fenómeno del Niño catalogado por el mundo científico como un súper Niño, solo comparable con el sucedido entre los años 1997-1998. Sus impactos han sido disímiles en Latinoamérica; mientras en Estados Unidos y el sur del continente aumentaron las lluvias, en nuestro país intensas sequías cubren buena parte del territorio nacional. Las consecuencias no se han hecho esperar, al menos 300 municipios en Colombia sufren alto riesgo por desabastecimiento de agua.
El gobierno de Santos se encubre tras el Fenómeno del Niño y el innegable cambio climático, eludiendo toda responsabilidad que tiene junto a los alcaldes, gobernadores y autoridades ambientales por la falta de inversión de recursos suficientes en el manejo adecuado del agua. Han preferido atender las emergencias con carrotanques y mercados, que prevenirlas, como lo explicara Ricardo Lozano ex Director del IDEAM.
Esa sequía que golpea a millones de colombianos, contrasta con los abundantes discursos del gobierno en los atriles internacionales por la defensa del ambiente. Bien señalaba la ex Contralora Morelli: “firmamos todos los tratados internacionales sobre ambiente, pero los funcionarios se olvidan del carácter vinculante de esos tratados”. Doble discurso oficialista, casi igual a la campaña para el ahorro de agua en los hogares colombianos, (representan el 8.2% del consumo total de agua en Colombia), mientras se guarda silencio con el consumo que hacen los monocultivos agroindustriales, las mineras y las petroleras (las dos últimas equivalen al 41% del consumo doméstico).
Pero ¿por qué se presenta escasez de Agua? Sencillo, en Colombia no se protegen las fuentes hídricas y el agua no es tratada como recurso estratégico. El modelo extractivista impulsado por Santos, amenaza gravemente los páramos, ríos, lagunas y aguas subterráneas en todo el territorio nacional. Las multinacionales del petróleo y la minería han recibido todo tipo de beneficios, entre esos la flexibilidad en la normatividad ambiental. Basta mirar la reforma de las Licencias Exprés aprobada en 2014, el espaldarazo con el decreto de proyectos de interés nacional, y la pasividad gubernamental frente a proyectos de gran minería en el Páramo de Santurbán, el desvío de ríos en la Guajira, y la intervención en zonas de importancia hídrica en buena parte del territorio nacional. A la par, las inversiones en embalses y acueductos, así como la compra de predios para protección de fuentes hídricas, resultan insuficientes.
Somos uno de los países en el mundo con mayor riqueza hídrica. Nuestra oferta de agua superficial está 6 veces por encima del promedio mundial y 3 veces del promedio de Latinoamérica. El potencial de aguas subterráneas representa el 74.5% del territorio nacional y cubre 683 municipios, aunque de los 61 sistemas de acuíferos identificados el 73% carece de conocimiento suficiente para su aprovechamiento. Poseemos 1065 lagunas que cubren 6.814 Has ubicadas en diferentes páramos y 6 grandes zonas de glaciares que favorecen el equilibrio del ciclo hidrológico pero que pierden 3% de su masa al año. Diagnóstico repetido muchas veces por el IDEAM en su ya tradicional Estudio Nacional del Agua –ENA-, un documento muy valioso que debería servir de guía, pero que se ha convertido en una suma de datos poco atractivos para nuestros gobernantes.
El bajo nivel de los ríos, los problemas de desabastecimiento, el aumento de incendios forestales, las heladas en Boyacá y Cundinamarca y el aumento de la temperatura ambiente son hechos reales, pero van más allá de culpar al Niño o al Cambio Climático, porque esto más que un problema del clima, es un problema político, de consecuencia del modelo económico que resulta exitoso para unos pocos en la medida que no se respetan derechos de las mayorías. Claro que hay ausencia de política ambiental, de política del agua, y el primer responsable vive en la Casa de Nariño.
Eso nos debería enseñar la escasez del agua.
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NACIÓN | 7/23/2014 7:00:00 AM
¿Qué es lo que pasa con el agua en Colombia?
La pregunta la responde la viceministra de agua y saneamiento básico, Natalia Trujillo, quien explicó a Dinero.com cuáles son las acciones que realiza el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis de sequía en el país.
¿Cuál es el estado actual del país en el tema de agua? En días pasados la discusión se centró en Yopal, pero la crisis trasciende a la Costa Atlántica y se agudiza aún más con el Fenómeno del Niño.
Lo primero que hay que aclarar es que son problemas distintos. Uno no puede hablar, de manera radical, sobre cuántos municipios de Colombia tienen o no agua potable. Cada uno puede tener de manera continua o discontinua por diferentes razones. No todos los municipios tienen líquido a partir de este problema de sequía, o los que hoy tienen garantizada la prestación del servicio, no es que con la sequía estén tranquilos. En ese sentido hay dos fenómenos distintos. El primero es la seguía, obviamente asociada a temas ambientales, en donde uno lo que identifica en muchos casos son unos deterioros en las cuencas de abastecimiento. Por ejemplo en Santa Marta, uno identifica esta problemática, pues los ríos han sufrido deforestaciones y adicionalmente ocupación de las comunidades en las laderas que afecta el flujo del recurso hídrico en la cuenca. Sumado a esto hay una falta de planificación en el sentido de que muchas veces el crecimiento de la ciudad ha sido bastante acelerado y las autoridades locales, quienes son los responsables de asegurar la prestación del servicio, junto con los prestadores, no han reaccionado a tiempo.
¿Cuántos son los municipios afectados por el fenómeno de sequía?
Hoy tenemos identificados 17 municipios, parte en la Costa Atlántica y en Santander, que tienen problemas de abastecimiento. Eso no quiere decir que mañana sean 18 o 16, pueden ser más o menos porque muchas veces se solucionan de manera muy fácil cuando se activan los planes de contingencia, porque no solo son carrotanques. Lo que busca un plan de contingencia es identificar los riesgos que tiene la prestación del servicio y mirar cómo se mitigan de manera adecuada, incluso buscando posibles fuentes alternas de abastecimiento, no solo el acueducto tradicional, sino ante una posible sequía identificar cuál sería una fuente alterna para garantizar el abastecimiento.
¿En dónde es la situación más crítica?
Sin duda es en La Guajira, pero asociado a varios temas adicionales. El primero es el de sequía, pero también tenemos unos problemas geográficos y culturales que contribuyen a que no sea tan fácil traer una solución definitiva para La Guajira. ¿Qué pasa? Geográficamente no ha tenido, como en el resto del país, ríos o fuentes superficiales de abastecimiento de agua que nos permitan decir ‘yo construyo un acueducto sobre este río y tengo garantizada la prestación del servicio’. Históricamente el departamento se ha abastecido de pozos subterráneos y por plantas de tratamiento y desalinizadoras. Siempre hay que estar buscando fuentes alternas porque inclusive los pozos se van secando y esto dificulta la prestación del servicio, y nosotros estamos buscando cómo se hace más económica la prestación del servicio, porque muchas veces tenemos la infraestructura y cuando se la entregamos a los municipios, estos la tienen que operar y mantener y una vez se entrega al municipio ellos tienen, vía tarifa o recursos propios, que garantizar su operación y mantenimiento. Como las comunidades no están acostumbradas a manejar dinero en efectivo, tienen problemas para pagar una tarifa y le toca al municipio entrar a garantizar la sostenibilidad de esa infraestructura, y muchas veces lo que termina pasando es que deja de funcionar la planta por falta de recursos para su mantenimiento.
¿Cuánto le vale a La Guajira operar y mantener una planta?
Es un valor que puede variar dependiendo de la cantidad de gente que esté abasteciendo la planta. Hay unas pequeñas que son de osmosis inversa, que son las que tratan el agua que obtenemos por pozos y le quitan la sal que trae el agua. Esas más o menos pueden costar por comunidad -y en La Guajira cada municipio bajito tiene 300 comunidades- mensualmente alrededor de unos $2 millones y un mantenimiento anual de más de $10 millones.
¿Y 300 comunidades por municipio más o menos cuántos son en población?
Depende. Cada municipio es distinto. Por ejemplo, Uribia que tiene la mayor extensión concentra casi el 45% de la población del departamento. Obviamente dentro de estas comunidades hay grupos de 100 o de 300 o de 500, oscilan entre esos números.
¿Y el problema cultural?
Ellos culturalmente no manejan la moneda, sino solo el intercambio de mercancía. Entonces más allá de un tema de voluntad de querer o no pagar una tarifa, es que no manejan el dinero como fuente de pago, ellos simplemente funcionan con intercambio. Y adicionalmente, otro tema cultural es lo nómada que son algunos de esta población y eso dificulta aún más garantizar de manera sostenible una solución de agua potable para la comunidad.
Ante la complejidad de esta situación ¿cuál es la propuesta del gobierno para mejorar las condiciones de estas personas?
En La Guajira tenemos una apuesta en un par de proyectos que ya iniciamos, son pilotos que estamos desarrollando en Uribia y en Manaure y consiste en darles para el sostenimiento de las plantas. Hacemos una infraestructura y adicionalmente, con privados, buscamos cómo se les entregan unos chivos para que ellos puedan reproducir los animales, venderlos posteriormente y garantizar así la operación y mantenimiento de los acueductos.
Con respecto al caso de Yopal, según los acuerdos a los que llegaron, el gobierno va a poner el 50% en una nueva planta, ¿cuánto es el costo total de esta infraestructura?
Esa planta es una solución que se da a partir de una preocupación que tenía el gobierno nacional porque veíamos que la administración local, que era la responsable de garantizar y asegurar la prestación del servicio, se fue por un tipo de soluciones que a hoy no tienen garantizada el agua como es esa planta modular que colapsó el año pasado, en donde el municipio destinó más de $10.000 millones. Hace un año el gobierno trabajó con la gobernación e invirtieron unos recursos para hacer los diseños definitivos de la planta y eso es lo que nos permite decir que tenemos el diseño para construir una planta definitiva que le va a garantizar a Yopal, no solo a la comunidad actual, sino a una proyección de población de más o menos de 20 o 30 años hacia delante. El costo total de la planta es de $70 mil millones
Frente al Fenómeno del Niño ¿cuál es el plan de contingencia que se viene?
Nosotros venimos trabajando en el tema no tanto del Fenómeno del Niño, sino más allá de eso y el llamado para la comunidad es que estamos ante un cambio climático en general que nos tiene que llevar a que nuestros sistemas se adapten y estén preparados ante este. Lo que hemos venido trabajando, desde ya hace más de un año, es en capacitación a entes territoriales y a los prestadores para la creación y puesta en funcionamiento e implementación de los planes contingencia, que no son solo carrotanques, sino identificación de riesgos y mirar cómo prevenirlos y mitigarlos. Para ello hemos invertido $40.000 millones en infraestructura.
FUENTE:Dinero
FUENTE:Dinero


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